La obligación de publicar decisiones o políticas que afecten al público se predica de actos administrativos, políticas públicas o decisiones de carácter general, adoptadas en ejercicio de función administrativa y con efectos erga omnes. La Fiduciaria no expide actos administrativos, ni adopta políticas públicas en sentido estricto; sus decisiones corresponden a actuaciones contractuales, comerciales y fiduciarias, cuyos efectos se circunscriben a relaciones jurídicas particulares, regidas por el principio de autonomía de la voluntad y sujetas a deberes de confidencialidad, reserva financiera y protección de información estratégica. La divulgación de tales decisiones no solo resulta improcedente, sino que podría afectar la libre competencia, la confianza del mercado y los derechos de terceros.