La exigencia de publicar informes de empalme del representante legal y ordenadores del gasto responde a la lógica de la gestión pública, la continuidad administrativa y el control fiscal del gasto público. En el caso de la Fiduciaria, no existen ordenadores del gasto en sentido presupuestal público, ni procesos de empalme regulados por la normativa administrativa, dado que los cambios en la representación legal se rigen por normas societarias y de derecho privado, sin obligación de publicidad externa.
